¿Por Donde Comenzamos?

En días pasados producto de una afirmación -que sostengo-, en el sentido que este es un sexenio perdido para los potosinos, el Secretario de Desarrollo Social, Fernando Chávez, contesta, refutando mis declaraciones, acto que celebro, pues nos da la oportunidad de evaluar el gobierno en turno.

Difícil por dónde empezar, pues prácticamente en todas las áreas existen rezagos y abandonos, corrupción, venganzas, rencores e impunidad, sin objetivos claros, rumbo, estrategias y metas a seguir.

Sin ir muy lejos, el pasado Domingo 30 de Noviembre, el Periódico Pulso, da a conocer las cifras emitidas por el Portal de semáforos económicos "México ¿cómo vamos?, iniciativa de monitoreo del Instituto Mexicano de la Competitividad y de México Evalúa, para lamento de los potosinos, con profunda tristeza nos ubican por los suelos, un Estado mal pagado, estático, con decrecimiento económico y pobre.

En el rubro de Infraestructura, al parecer lo más sobresaliente y visible es la construcción de invernaderos particulares propiedad de la familia Toranzo, ya que el resto, la carretera de Rayón a Valles, fue obra de la anterior administración así como lo relativo a la presa de El Realito.

La inseguridad en estos últimos años nunca se había descompuesto tanto: secuestros, balaceras, ejecuciones, robos, violaciones, extorsiones y una cantidad enorme de etcéteras, con resultados desastrosos.

De transparencia ya mejor ni hablamos, cada vez que se pide algo: un documento, contrato, gasto o cualquier cuestión derivada de la acción pública, terminan con pretextos para no entregarlo, todo lo esconden, de eso existen infinidad de ejemplos, a grado tal que el mismísimo Comité Ciudadano de Transparencia sufre las de Caín, sin obtener respuestas.

En realidad, nada para enorgullecernos, continuamos como un Estado fallido, no pintamos a nivel nacional, en tanto, que la federación tiene problemas mayores a los que aquí padecemos, en consecuencia no somos en estos momentos una prioridad, sin embargo, estamos ciertos, que en estos últimos años la calidad de vida ha bajado sustancialmente en todos los aspectos.

También, para ser honesto, no es solamente una cuestión del gobierno en turno, sin duda, responsable principal de la catástrofe, pero no el único. Los ciudadanos estamos obligados a actuar, a exigir, a reclamar, a ser críticos, a observar y a denunciar.

La respuesta de Fernando Chávez, no solo es insuficiente, también es sesgada y parcial. Entiendo que lo hace por órdenes de su jefe y no por motu propio. Aquí el problema radica en que siguen pensando que todo está bien, que su administración es la mejor. Se engañan a sí mismos, eluden la realidad, maquillan las cifras y, se vuelven ciegos y sordos.

El panorama no es alentador, es preciso unir esfuerzos para salir del atolladero, no es cuestión partidaria sino de potosinidad, de organización cívica, de concientización y educación, de ética y responsabilidad, de un llamado a la reconciliación, que no va a llegar por Decreto, sino por las reivindicaciones, la restauración del tejido social y la aplicación justa de la ley.

Entiendo que las unanimidades no existen, hay de todo en la viña del señor, por eso nos duele aun más, que haya maderas que no agarran barniz.    

Un Sexenio de Dos Años

Aun no concluye el primer tercio de la administración presidencial, será hasta el próximo primero de Diciembre y, lo que se inicio como espacio de dialogo, de entendimiento y señales de concordia para sumar esfuerzos en torno a concluir la transición, fue derivando en una serie de acontecimientos marcando con imborrable huella el actual sexenio.

Cada presidente de la república en su respectiva época, ha tenido altas y bajas, ratos de amargura y logros, que definieron  su paso en la conducción del país. Son los aspectos negativos de cada administración los que permanecen en la memoria colectiva de los ciudadanos, como olvidar el discurso de López Portillo:"defenderé el peso como perro", y zas, la devaluación de 1982, con De la Madrid su "renovación moral", el Salinato tuvo que quitarle tres ceros al peso y, al final de su mandato se dieron los cobardes crímenes de Colosio y Ruiz Masseiu. El presidente Zedillo cargo con la depreciación del peso ocurrida en Diciembre de1994 y el escándalo  del Fobaproa, a Fox se le ubica por su célebre frase ¿y yo porque?, y  Calderón sigue presente por el combate sin cuartel a la delincuencia organizada.

El actual, daba la impresión de transitar por camino pavimentado, sin sobresaltos mayores, buen manejo de la comunicación, reformas importantes y detenciones de capos de la mafia.

De repente, en poco tiempo el tren se descarrilo. Últimamente, se han presentado tal cumulo de sucesos que han puesto al país en crisis, dañando seriamente al gobierno federal, a los locales, a la clase política, incluyendo a los Partidos y, sin duda, la figura presidencial.

Las encuestas, sondeos y opinión pública, muestra una clara falta de credibilidad, producto de un desgaste provocado por la ola de violencia indiscriminada e interminable, una salvaje barbarie que se puso al descubierto con el caso de los 22 ejecutados y 43 estudiantes desaparecidos. Los escándalos siguen con rumores de corrupción y engaño a los más altos niveles, alcaldes acusados de pactar con criminales, policías delincuentes, gobiernos aislados alejados de la gente y todos con la sensación de que Michoacán, Guerrero y Oaxaca, siguen vigentes.

Las deudas públicas creciendo al igual que el déficit, además nos impusieron una reforma fiscal regresiva y, en medio, marchas, bloqueos y manifestaciones. El gobierno pasmado, cansado y sin informar a ciencia cierta lo que ocurre.

México al borde del caos y con un desprestigio internacional como nunca, lamentablemente este es el sello que registrara la historia: un sexenio de dos años. Ante este desolador panorama, como el Ave Fénix a resucitar de entre las cenizas.

¿Primitiva Barbarie o Sociedad en Paz?

"ser o no ser, esa es la cuestión" (William Shakespeare)

Desde el punto de vista teórico, la soberanía, principio recogido por la estructura constitucional, reside precisamente en el pueblo y se ejerce por las tres funciones básicas en que se compone el Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, independientemente que pueden existir otras como la electoral, la militar o la municipal. El valor supremo implica la unidad social, por lo tanto, la actividad de esos poderes públicos les corresponde la misión de atender las necesidades y aspiraciones de la vida humana.

Evidentemente no es una tarea sencilla, pues la complejidad de las sociedades modernas tienen múltiples manifestaciones: de acuerdo a sus propios intereses, anhelos, creencias, formas de pensar, tradiciones, egos, pugnas y defensa de sus derechos y libertades. Estas tendencias son vinculantes e inherentes a la vida en común, son cuestiones bien definidas y registradas por la ciencia y la historia, que ahora se localizan caracterizadas y clasificadas. Más aun, las actuales condiciones dan a la vida social atributos adicionales,  el avance industrial y la asombrosa revolución tecnológica, que nos lleva invariablemente al terreno del conocimiento y la información, hace que la opinión pública tenga un peso importante. Sin embargo, pese a las diferencias, siempre existe un punto de encuentro: "una sociedad en paz".

Tanto Aristóteles como Montesquieu, sostenían que cuando alguna de las funciones del Estado no ejercían su quehacer correctamente, es decir, las encomendadas al Ejecutivo, legislativo o al Judicial, este se volvía en ineficaz, reflejándose esta situación en las injusticias, los excesos y la alteración del orden social. Sin duda, es claro ejemplo de lo que nos ocurre, pues las cosas se han salido de control.

En el ámbito local es evidente que el diseño institucional solo se encuentra en la norma como letra muerta, pues las funciones del Estado y los equilibrios desde hace tiempo dejaron de existir, en contraste, abrieron la puerta a luchas sin cuartel, sin reglas, provocando desajustes en la paz social.

Realizaron una réplica del sistema federal sin contar con las condiciones que sostienen a este, lo cual ha provocado un verdadero desequilibrio que da pauta a los excesos brutales que ahora padecemos.

La recuperación de la armonía social va a depender de la capacidad del Estado en su necesidad de restaurarse, tanto en la vinculación con la comunidad, como en el imperativo de establecer un diseño institucional funcional.

Es impostergable combatir la primitiva barbarie que nos invade, desgraciadamente en algunos casos provocada desde el ámbito oficial. Se requiere establecer con urgencia mecanismos que permitan un orden y respeto social, para ello, se necesita transformar el diseño de gobierno y, principalmente la voluntad de quienes ejercen cargos públicos. 

Dados los acontecimientos que desde hace tiempo se vienen presentando, impactados por la dimensión alcanzada y los desgarradores episodios que nos rodean, cuyos trágicos resultados han traspasado fronteras, muchos nos preguntamos sobre sus causas: ¿si se trata de un modelo cultural indeseable, producto de muchos factores sociales o se deriva de un diseño de gobierno ineficaz?

Desde el punto de vista teórico, la soberanía, principio recogido por la estructura constitucional, reside precisamente en el pueblo y se ejerce por las tres funciones básicas en que se compone el Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, independientemente que pueden existir otras como la electoral, la militar o la municipal. El valor supremo implica la unidad social, por lo tanto, la actividad de esos poderes públicos les corresponde la misión de atender las necesidades y aspiraciones de la vida humana.

Evidentemente no es una tarea sencilla, pues la complejidad de las sociedades modernas tienen múltiples manifestaciones: de acuerdo a sus propios intereses, anhelos, creencias, formas de pensar, tradiciones, egos, pugnas y defensa de sus derechos y libertades. Estas tendencias son vinculantes e inherentes a la vida en común, son cuestiones bien definidas y registradas por la ciencia y la historia, que ahora se localizan caracterizadas y clasificadas. Más aun, las actuales condiciones dan a la vida social atributos adicionales,  el avance industrial y la asombrosa revolución tecnológica, que nos lleva invariablemente al terreno del conocimiento y la información, hace que la opinión pública tenga un peso importante. Sin embargo, pese a las diferencias, siempre existe un punto de encuentro: "una sociedad en paz".

Tanto Aristóteles como Montesquieu, sostenían que cuando alguna de las funciones del Estado no ejercían su quehacer correctamente, es decir, las encomendadas al Ejecutivo, legislativo o al Judicial, este se volvía en ineficaz, reflejándose esta situación en las injusticias, los excesos y la alteración del orden social. Sin duda, es claro ejemplo de lo que nos ocurre, pues las cosas se han salido de control.

En el ámbito local es evidente que el diseño institucional solo se encuentra en la norma como letra muerta, pues las funciones del Estado y los equilibrios desde hace tiempo dejaron de existir, en contraste, abrieron la puerta a luchas sin cuartel, sin reglas, provocando desajustes en la paz social.

Realizaron una réplica del sistema federal sin contar con las condiciones que sostienen a este, lo cual ha provocado un verdadero desequilibrio que da pauta a los excesos brutales que ahora padecemos.

La recuperación de la armonía social va a depender de la capacidad del Estado en su necesidad de restaurarse, tanto en la vinculación con la comunidad, como en el imperativo de establecer un diseño institucional funcional.

Es impostergable combatir la primitiva barbarie que nos invade, desgraciadamente en algunos casos provocada desde el ámbito oficial. Se requiere establecer con urgencia mecanismos que permitan un orden y respeto social, para ello, se necesita transformar el diseño de gobierno y, principalmente la voluntad de quienes ejercen cargos públicos. 

Estado, Política y Violencia

"Las ventajas de una recta organización pública, se han de reflejar en el bienestar de los particulares" (Luis Izaga, filosofo español).

Por obvio que parezca decirlo, nos encontramos como país en una situación de "crisis", pese al dialogo político y reformador al inicio de la actual administración, lo cual supuso abría la puerta del entendimiento, sugería la modernización democrática y encontraba cauces comunes en la construcción del Estado de Derecho, lo cual suponía una nueva época.

Sin embargo en los hechos el contraste es abrumador, pues lejos de acercarnos a los objetivos propuestos a través del quehacer político, actividad que posibilita de manera pacífica realizar profundos cambios, hemos padecido permanentes violaciones a los derechos humanos, presentándose trágicos acontecimientos, que nos hacen palidecer y nos ponen en el mapa mundial como un país en franco deterioro, sin gobierno, lleno de crueldad y, por consiguiente a distancia de un régimen democrático.

Tanto Tzun Tzu como Maquiavelo,  escribieron un libro en diferentes épocas, con el mismo título: "El Arte de la Guerra".  Ambos describen las características necesarias para obtener éxito en situaciones complicadas: dan cuenta de la importancia que implica conocer el terreno donde se va a desarrollar la contienda, así como contar con aliados y conocer al adversario.

El problema está presente con dimensiones inesperadas, las opciones para encontrar caminos de solución, son pocas y determinantes para el futuro de la nación. Primero la voluntad, eje esencial requerido en el retorno al orden, no obstante ello, es insuficiente si únicamente se contempla desde el ámbito de la autoridad. La función del Estado abarca las relaciones de la actividad y de la constitución Jurídica de las sociedades humanas, encaminadas a propiciar su mejor desarrollo, en consecuencia cualquier decisión atañe a todos, en su respectivo ámbito de responsabilidad.

Ni continuar por el sendero de la anarquía ni sucumbir en el terreno del autoritarismo, ese es el reto. El cansancio social esperando respuestas que no llegan se comienza a agotar, la razón y la ética obliga a revelar la verdad sobre la dimensión de los problemas y, en esa medida, edificar una consciencia ciudadana en aras de crear el ineludible y necesario compromiso: gobierno-sociedad, en la suma de un propósito común.

El fenómeno de la violencia conduce al caos y a la destrucción del Estado de Derecho, oprime a la sociedad, restringe las libertades y cercena el desarrollo. Por otra parte, las personas y familias, tienen la legítima aspiración a la seguridad, al orden, a la protección, a la asistencia y al progreso.

En ese renglón es donde el Estado se encuentra obligado a actuar, conforme los principios de subsidiaridad y solidaridad, tomando en cuenta la opinión pública, su capacidad para organizarse y de su ímpetu para luchar en contra de quienes han traicionado los ideales de la nación.

Si bien, la operatividad tiene altos niveles de complejidad, la problemática se encuentra diagnosticada y bien conocida, los aliados tanto en el ámbito de la sociedad organizada como en el sector social y político, existen y están prestos a cerrar filas, solo falta como diría don Rafael Preciado Hernández (filosofo y político mexicano), ajustar nuestra vida pública, al pensamiento democrático de la Constitución.

Desesperación e Impotencia

El clima que se ha desatado en el país, se ve cada día mas enrarecido, las noticias dan cuenta de un desastroso panorama, sin ser malinchista, los hechos hablan por sí mismos, tampoco se trata de tapar el sol con un dedo cuando los acontecimientos son más que evidentes. Las conductas arrojan resultados trágicos, los dramas se vuelven cotidianos y la capacidad para evitarlos es prácticamente nula: gobiernos anodinos, negligentes, corruptos e ineficaces, economía deteriorada e inseguridad en apogeo.

El problema no puede desvincularse a la desmedida corrupción e impunidad que prevalece a lo largo y ancho del país. El asunto no es menor y tampoco es  cuestión de simple negligencia, ignorancia, incapacidad o de casos aislados, se trata de todo un entramado de complicidades, que ha ido escalando hasta arribar a niveles insostenibles, inclusive raya peligrosamente en la frontera de la seguridad nacional.

La evolución y desarrollo del fenómeno causa escozor, pues  ahora se opera desde dos ángulos: comenzando por el tradicional método conocido por todos, la extorsión, mordida, moches, colusión, complicidad y protección. El otro, consiste en trastocar y distorsionar la ley para fabricar culpables, particularmente en contra de aquellos que se resisten a participar, así encontramos delincuentes en la calle, haciendo de las suyas y, muchos inocentes privados de su libertad, padeciendo las injusticias de autoridades venales.

El Poder Judicial ha sucumbido -lo digo con lamento-, a estas detestables prácticas. Desgraciadamente muchos ejemplos existen, más evidente en el ámbito local, de  jueces que se prestan a este tipo de maniobras, para después verse favorecidos con promociones como magistrados, circunstancia que los anima a quedar bien con el ejecutivo y, a alejarse de la encomienda de impartir correctamente la justicia.

Dos cuestiones ha engendrado en los últimos años este flagelo: la primera salta a la vista con toda su crudeza, pues valiéndose de la impunidad, es evidente que muchas autoridades sin dimensionar sus actos, han caído en el más brutal de los excesos, les da lo mismo tomar recursos de las arcas públicas, que ordenar ejecuciones en contra de sus enemigos. Tienen que ocurrir casos patéticos como los de Tlatlaya e Iguala para voltear la mirada y observar con desesperación e impotencia la inescrupulosa ley de la selva.

A eso se debe que la ciudadanía ya no cree, no confía y no participa. Tiene un profundo sentimiento de frustración y abandono, a la par de ser rehén de delincuentes disfrazados de autoridad, la sociedad va guardando rencores.

La conciencia colectiva está en  espera de acciones más que de discursos que chocan con la realidad, se encuentra ansiosa de que se imponga orden y respeto, de autoridades justas, de gobiernos amistosos, de desterrar la sensación de que no ocurre nada y ávida por encontrar el camino de la legalidad, de la certidumbre, de la honestidad y de la dignidad.

El México que tenemos, no es el México que queremos.  

El De Atrás Paga

Deudas Públicas Sin Control


Uno de los compromisos del Pacto por México, concretamente el número 68, se refiere a atender mediante controles legales, los excesos en las deudas de los Estados y Municipios, a efecto de impedir el quebranto en esos órdenes de gobierno.

La gota que derramo el vaso proviene del caso Coahuila, donde los niveles de deuda pública rebasaron con mucho la capacidad de pago del estado, hipotecando las finanzas públicas durante muchos años.

La motivación derivada de esa escanda, concluyo en la conveniencia de poner orden, juzgando apropiado incluir el tema como una prioridad nacional. Se hizo el compromiso de construir una legislación nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública, cuyo enfoque estaría en los controles para que estados y municipios puedan contratar deuda, procurando evitar la discrecionalidad y los abusos.

Los tiempos previstos en el pacto ya se agotaron, se había considerado concretar la reforma en el segundo semestre del 2013, sin embargo, existieron diferencias entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, esta última sostiene que el tema le otorga ser Cámara de origen. Ahora cada una tiene una minuta de reforma constitucional, ambas similares, aunque también ambas en la congeladora.

Mientras ello ocurre, los estados y municipios se han dado vuelo solicitando créditos. Las maltrechas finanzas en esos órdenes de gobierno no han sido obstáculo para continuar endeudando a las administraciones, bajo el socorrido argumento de evitar catástrofes mayores, dejando el cumplimiento de los compromisos contraídos a los siguientes gobiernos, el que viene paga.

El riesgo sigue latente, en poco tiempo se agotara el margen de maniobra de estados y municipios, quienes financieramente tendrán escaso recurso y las manos atadas, para atender las necesidades de desarrollo de sus regiones, previendo un severo impacto en la calidad de vida de sus habitantes, al tener que enfrentar el pago de los compromisos crediticios contraídos por anteriores administraciones.

Se observa con inquietud el desmedido incremento de la deuda publica en Estados y Municipios, manejado con total opacidad en cuanto al destino y manejo de los recursos, con dudosa capacidad de pago y, enviando las futuras necesidades de sus regiones a sufrir prácticamente el irremediable estancamiento y abandono.

Cada entidad se ampara en su propia soberanía, tiene sus reglas y las aplica, lo lamentable consiste precisamente que esa facultad la utiliza a contentillo y a conveniencia de la autoridad en turno para pedir prestado. En contrapartida, la dependencia con el gobierno federal en cuanto a sus ingresos públicos es considerable, en promedio arriba del noventa por ciento, en consecuencia la deuda que se adquiere es su nacional y, por lo tanto, las finanzas públicas estatales y municipales son una preocupación nacional.

El contar con un equilibrio presupuestario y propiciar condiciones para el crecimiento económico y el empleo en cada estado y municipio del país, son cuestiones fundamentales para un manejo sostenible de las finanzas públicas, en consecuencia, los créditos de estados y municipios para un manejo prudente de los mismos, obliga a poner límites y modalidades, a su transparencia y fiscalización, también a su adecuada implementación  y a deslindar responsabilidades.

   

Rendición de Cuentas

¿Ineludible obligación o simple pretexto para promoción personal?

En las democracias,  una de las premisas que sostienen esa calidad, se remite precisamente a la obligación ineludible del gobierno a rendir cuentas, es decir, explicar o justificar sus acciones, impuesta tanto por el orden normativo como por razones éticas frente al gobernado.

Atender esencialmente al interés colectivo, implica que el gobierno debe responder de sus actos y decisiones, otorgando especial cuidado del manejo de los recursos públicos, con el objeto de prevenir y evitar desvíos, llegado el caso, corregir y sancionar. Este apartado continua siendo simplemente una teoría guardada bajo candado en el baúl de los olvidos.

En nuestro país el hecho de informar cuando menos una vez por año, es una práctica que se lleva a cabo con regularidad, constituye un acto que nos permite tener la visión, eso sí, triunfalista del servidor público. Se trata de toda una ceremonia, se realizan múltiples preparativos: desde el escenario, campañas publicitarias, spots, espectaculares, vídeos, hasta un texto con argumentaciones muy cuidadas. Ya nos acostumbramos, algunos lo hacen en cumplimiento de la ley, otros por voluntad propia, ambos sin duda, procuran promocionarse.

Tiene su lado positivo: dan la cara, ponen su punto de vista desde una perspectiva parcial, enfrentan a los electores y al Congreso y presentan elementos para su valoración. Por otra parte, esos informes carecerían de sentido alguno sin la transparencia, aquí en México como bien lo señala Miguel Carbonell durante muchos años imperaba el reino de la opacidad, digno de un régimen dictatorial, sin echar campanas al vuelo, pues en algunos estados esa tendencia sigue prevaleciendo.

La rendición de cuentas no puede circunscribirse al informe de los gobernantes, que dicho sea de paso, se infringe el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, que establece: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos...... de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esa propaganda incluirá nombres, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.", también  existe una disposición en ley secundaria, que autoriza lo contrario. En fin, lo importante es el acceso real del ciudadano a la información pública.

El pensador inglés, padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, en su obra publicada en 1791, denominada Essay On Political Tactis, establecía que la transparencia de los actos públicos tenía cuatro atributos: primero, contiene a los funcionarios públicos; segundo, fortalece la confianza ciudadana; tercero, da a los electores la facultad de obrar con conocimiento de causa y; cuarto, otorga al gobierno la posibilidad de aprovechar ideas del público.

Lo anterior nos conduce al análisis del terreno que actualmente pisamos: los informes de los servidores públicos son pasarelas políticas, el acceso a la información pública aún se regatea, se utilizan recursos del erario público para promover la imagen personal y, por último, la desconfianza ciudadana sigue en apogeo.

¡Lo que parece, es! (refrán popular).   

¿Impulso a la Vivienda?

¡La Casa de la Demagogia!

Uno de los rubros para cubrir las expectativas del desarrollo consiste en impulsar la construcción de vivienda familiar, que además de facilitar su adquisición a través de apoyos y subsidios oficiales con el objetivo de procurar el patrimonio, también ayuda a fortalecer la economía a través de los desarrolladores.

Así se han creado instituciones dedicadas a satisfacer esas necesidades e inclusive, mucho se ha hablado de constituir la Secretaria de la Vivienda, no obstante contamos con el INFONAVIT, el FOVISSSTE y de reciente creación el FONHAPO, todas estas dedicadas a estimular programas para que las familias mexicanas cuenten con facilidades para adquirir una casa que les sirva de hogar y, a su vez un patrimonio.

En ese aspecto se han sumado esfuerzos entre gobiernos y particulares para ir abatiendo el déficit de vivienda, en tanto que constituye uno de los elementos para la medición de la pobreza, pues muchas personas carecen de la posibilidad siquiera de aspirar a tener una modesta propiedad y se encuentran destinados a vivir de arrimados, con hacinamiento o en el mejor de los casos pagando una renta.

Quienes tienen la oportunidad de encontrarse dentro de la formalidad, en tanto que desempeñan un trabajo donde se obliga a los patrones a inscribirlos y pagar las cuotas de seguridad social, de acuerdo al diseño de las propias instituciones, tienen la opción, cumpliendo requisitos mínimos, de acceder a créditos hipotecarios y, con ello adquirir bajo condiciones acordes a sus posibilidades una propiedad donde instalar su hogar.

En días pasados tuve conocimiento de un caso similar, una persona, empleado de una dependencia gubernamental, con varios años de servicio, decidió hacer un esfuerzo y comprometerse bajo un crédito hipotecario a consolidar un hogar propio comprando una modesta casa, llevando a cabo todos los trámites ante el FOVISSSTE, donde está inscrito, independientemente de echar mano su sus ahorros para completar el enganche.

Grande fue su sorpresa cuando le informaron en esa dependencia que aunque el Gobierno del Estado de San Luis Potosí le hubiese rebajado sus cuotas, estas desde hace muchos meses no habían sido cubiertas al FOVISSSTE, en consecuencia era imposible autorizar ningún crédito, emitiendo incluso la constancia respectiva sobre el particular.

Es obvio evidentemente que no es un asunto aislado, esos actos son prácticas generalizadas, lamentablemente muchos gobiernos estatales han estado utilizando esos recursos económicos que pertenecen a los trabajadores, es decir, los ajenos, aquellos que no son de su propiedad, sino que corresponden a prestaciones de los empleados, como es el fondo de pensiones y las cuotas de seguridad social, para cubrir otros gastos, los destinan a rubros distintos, atropellando los derechos de sus empleados y dejándolos en el desamparo, para después, sin ningún sentimiento de culpa, heredar esos problemas a las siguientes administraciones.

El doble discurso es palpable: todos los gobiernos se ufanan y hacen referencia a buenas administraciones, manejos financieros eficientes, transparentes y progreso sexenal. En realidad continúa la opacidad, el desvío de recursos y la mentira. Esa postura solo surge de hipotecar de los valores en la casa de la demagogia.

Consulta Popular

¡El que pregunta, no se equivoca!

(Refrán popular)

Tuvieron que transcurrir años de deliberaciones para incluir en la Constitución como derecho del ciudadano la prerrogativa a ser tomado en cuenta, bajo la figura denominada: "Consulta Popular", que si bien esta insertada con modalidades diversas en algunas constituciones locales que la incluyeron desde hace tiempo, la realidad es que simplemente la pusieron con el afán de colgarse la medalla como avanzados demócratas, sin ninguna intención de aplicarla, por el contrario, le pusieron tantas trabas que resulta casi imposible llevarlo a la práctica en lo local y por lo mismo nunca se ha utilizado.

En materia federal no solamente tiene viabilidad, sino además es importante su aplicación en el marco del desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. Este mecanismo va a transformar la manera de hacer política en el país y, el anuncio de la izquierda y del Partido Acción Nacional, para presentar diversas propuestas a efecto de someterlas a la Consulta Popular en las próximas elecciones del 2015, van a obligar no únicamente a promover a sus candidatos, sino también en campañas de contenidos.

Aún quedan dudas por aclarar en relación a los alcances de la consulta, pues el Artículo 35 de la Carta Magna deja abiertas inquietudes que en su oportunidad deberá definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en  impactar a la propia Constitución o, si el imperativo del 135 lo impide, y continua vigente el procedimiento único para las reformas y adiciones al pacto fundamental a través del constituyente permanente.

Los requisitos establecidos para estar en posibilidad de concretar la consulta, en principio se constriñe a temas de "trascendencia nacional", cuestión que en su momento deberá calificarse como tal. La convocatoria le corresponde al Congreso de la Unión, es decir a ambas Cámaras, ya sea a petición del Presidente de la Republica, de una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o de ciudadanos que representen el 2 por ciento de la lista nominal de electores. En estos momentos ningún partido de oposición por si solo cuenta con un número de legisladores en sus bancadas que le permitan solicitar la consulta, razón por la cual obligadamente se darán a la tarea de recabar firmas suficientes a fin de formalizar la petición.

Lo interesante del ejercicio estriba en la fracción VII, inciso segundo del Artículo 35 constitucional, que determina lo siguiente: "Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.", es decir, obligatorio.

En esos términos, la fuerza del ciudadano se encuentra en posibilidad real y contundente de hacerse sentir, al obligar a los poderes a hacer o dejar de hacer determinadas cosas, según del asunto de que se trate. Este hecho, por sí solo, da pie a una mayor participación, pues si bien, existen escépticos que no creen en los partidos políticos, ni en sus candidatos y menos en las campañas, ahora están en posibilidad de acudir a las urnas con una motivación diferente: hacer sentir su pensamiento, su manera de ver las cuestiones públicas  y emitir su opinión directamente con efectos legales.

A su vez,  los servidores públicos están obligados a obedecer, de conformidad a los resultados que arroje la consulta. Ahora podremos decir que el servidor que pregunta, no se equivoca.

El orden social vs corrupción

"No valen las cosas porque las deseamos o apetecemos, sino que las deseamos y tendemos a ellas, porque valen" 

(Ortega y Gasset).

Una de las premisas esenciales para vivir en armonía y  tener un orden como sociedad, consiste en contar con leyes justas, que reconozcan el orden natural considerando las relaciones humanas y la conducta de las personas, como bien lo decía don Manuel Herrera y Lasso (constitucionalista mexicano), las disciplinadas libertades, refiriéndose a las limitaciones que tenemos con el fin de no entorpecer las que corresponden a terceros. Tarea que ha sido permanente de generación en generación, cuya responsabilidad recae tanto en el poder legislativo en lo relativo a su formación, como en la parte ejecutiva en su aplicación.

Sobre la filosofía del imperio del derecho, desde la perspectiva de la justicia y el valor del "deber ser", existen numerosos tratados que abonan con puntos de vista diversos y profundos, sobre la necesidad de luchar por alcanzar un orden a partir de la norma jurídica y hacer prevalecer el Estado de Derecho.

Una de las barreras que han sido foco de atención y estudio, que impiden conseguir el objetivo trazado, la constituye el creciente fenómeno de la corrupción y por supuesto la impunidad, de manera particular la que se presenta en el servicio público, pues lejos de cooperar con la armonía y por lo tanto en el orden, provocan la desigualdad, el recelo y de forma paulatina, van ocasionando la desintegración social.

En ese orden de ideas, no se puede ignorar que tanto la corrupción como la impunidad son cuestiones que se encuentran sumamente arraigadas dentro de la cultura mexicana, presentes en todos los órdenes y niveles de gobierno, por lo tanto, constituye un enorme reto a superar.

En esa virtud, es necesario establecer una instancia dedicada a combatir con mayor eficacia la lacra de la corrupción pública, por ello y, atendiendo a dar una respuesta a este problema, existe el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, de crear un "Órgano Anticorrupción", bajo ese entendido se desmantelo la Secretaria de la Función Publica, ente dedicado a la fiscalización interna, pero que no dio el ancho requerido y, por lo tanto resulta imprescindible un cambio total.

El hecho, después de más de 18 meses de gobierno y de varias iniciativas presentadas, es que no se aprecian consistentes avances en materia legislativa para combatir la corrupción, por el contrario, se ha dejado correr el tiempo y con ello crecer el problema, ahora ni fiscalización ni controles, simplemente valores entendidos: complicidades institucionales, funcionarios coludidos y escándalos mediáticos. De continuar por la senda actual, el camino del cinismo se apoderara de las costumbres sociales, por ello, es urgente la implementación de reglas y esquemas donde prevalezca la transparencia, la honestidad y la responsabilidad en la cuestión publica, que la moral y la ética constituyan los principios rectores en el servicio a la sociedad.

Ni más, pero tampoco menos.

Consejeros blindados

No cabe duda alguna que la reforma política, en particular, lo concerniente a la parte electoral, se debe en amplia medida a un buen número de gobernadores, pues fue su actitud injerencista y torcida en los comicios, lo que motivo la reacción de la oposición explorando fórmulas para atarles las manos y, así surgió el nuevo INE y sus facultades.

Es una transformación centralista que merma el federalismo al restarle facultades a los Estados, circunstancia comprensible por los excesos de sus gobiernos cuyas conductas atentaban contra las más elementales prácticas democráticas.

Uno de los  principales objetivos consiste en tener autoridades electorales imparciales y blindadas contra cualquier tentativa para socavarlas. Es así que nacen las nuevas disposiciones constitucionales y se aprueban las leyes generales en materia de procesos electorales y partidos políticos, de aplicación en toda la República.

Se han pisado callos con las nuevas disposiciones y por lo mismo se preveían resistencias, sin embargo, las normas que rigen el nuevo modelo electoral deben ser atendidas y observadas, cumpliéndose a cabalidad y respetando sus términos y alcances.

El siguiente paso consiste en la designación por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cada entidad federativa, de un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, para integrar a los nuevos Órganos Públicos Locales Electorales, mejor conocidos ahora como los "oples". Este inminente hecho cae como balde de agua fría para muchos que se opusieron a la reforma e inclusive cabildearon con vehemencia en contra al sentir amenazados sus intereses, seguramente algunos de ellos los encontraremos formando fila y presentando exámenes como aspirantes a ocupar un asiento en los nuevos órganos.

Tanto la Constitución como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la forma para elegir y designar a las autoridades locales, mediante convocatoria pública y a través de votación calificada de cuando menos ocho de los once consejeros que integran el INE.

Además los requisitos exigidos para determinar el perfil de idoneidad como la residencia, el contar con título profesional a nivel licenciatura, no haber sido candidato los cuatro años anteriores, ni pertenecer a la burocracia gubernamental, implican en la práctica estar alejados de la clase política y los espacios de poder que esta representa, además quienes lleguen a ocupar esos cargos, cuya duración es de siete años, no podrán ejercer otro empleo, ni tampoco incorporarse a ninguna administración si participaron en su elección.

Si bien, no hay total garantía de que las cosas salgan correctamente, lo cierto es que las condiciones impuestas en el nuevo sistema electoral y la manera para designar a las autoridades encargadas de aplicarlo, cuando menos se cuenta con la presunción de un mayor blindaje, esperando que a medida que transcurra el tiempo, cambiemos la presunción por certidumbre.

La familia vista desde el PAN

Hace unos días en el Senado de la República se constituyó la "Comisión de Familia y Desarrollo Humano", en el acto de instalación su presidente el panista José María Martínez, realizó algunas expresiones interpretadas como homofóbicas, dando pie a una serie de descalificaciones que ubican al Partido Acción Nacional como una institución radical, extremista, conservadora y discriminatoria, nada más alejado de la realidad y de nuestra doctrina.

Paradójicamente esta polémica nos permite establecer nuestro punto de vista sobre el tema, pues nos consideramos un Partido que lucha desde el humanismo político, por las libertades y por ende la permanente transformación para adecuar la actividad del estado en el mejoramiento de las condiciones sociales, respetando los derechos humanos y propiciando el desarrollo integral de las personas.

Desde su fundación en 1939, se adoptó la premisa de respetar la dignidad de las personas, inclusive después de grandes debates, hace apenas un par de años se concretó finalmente la reforma constitucional en materia de derechos humanos a efecto de reconocer en el pacto fundamental, como se concibió desde el nacimiento del PAN, la preexistencia de muchos derechos inherentes a las personas por el solo hecho de serlas y no porque los otorgue el Estado, bajo los principios de no discriminación y de igualdad.

Reconocemos y respetamos la existencia de diferentes formas de convivencia social que forman núcleos familiares, entraríamos al terreno de lo absurdo si pretendiéramos negar esa realidad, como ocurrió entre el Estado y la Iglesia durante muchos años. Ahora se presentan en la sociedad familias tradicionales heterosexuales, también madres o padres solteros y otras compuestas por personas del mismo sexo, y estén o no unidos por el matrimonio forman una familia, son parte de la sociedad y así lo aceptamos, sería un despropósito ignorar ese hecho.

Sobre ese enfoque no hay duda ni discusión, el problema estriba en otras cuestiones, pues el rompimiento del tejido social entre otras causas, es precisamente la desintegración familiar, ya sea por la violencia interna o por el extravío de los valores, cuando debe ser el espacio primario de la responsabilidad social, pues constituye el cauce principal de la solidaridad entre generaciones y por lo tanto, una finalidad y misión propia que cumplir en el ámbito familiar, que consiste en orientar y educar a sus miembros.

En ese tenor, Acción Nacional tiene muy claro el concepto sobre la familia, a partir del respeto a la dignidad de las personas, sus derechos y libertades, sin prejuicios ni discriminaciones y, también entiende la necesidad de fortalecer la institución familiar, su integración y el cumplimiento de sus propósitos.

Por ello, celebro la creación de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, esperando cumpla con responsabilidad su objetivo, sin caer en descalificaciones, maniqueísmo y con la firme esperanza de que actúe con reflexiones y debates de altura.

¿Después de la tempestad, en serio viene la calma?

La inédita contienda interna del PAN para elegir al jefe nacional, no solamente fue de gran intensidad, circunstancia previsible por el corto tiempo -60 días-, de que se disponía para recorrer el país en busca del voto militante, también porque prevaleció la estrategia de la confrontación a través de la descalificación, la denostación, la intriga, la infamia y un conjunto de calificativos adicionales que la llenaron de lodo, a grado tal, que las expectativas preveían un irreconciliable rompimiento.

Las propuestas se vieron minimizadas, obvio la nota roja es mucho más atractiva para los medios. Lo cierto es que el Partido se vio dividido en dos equipos: los Maderistas y los  Corderistas, pocos se quedaron al margen, es lógico, pues quien entra a un instituto político por voluntad propia, se compromete a realizar una actividad de esa naturaleza, surge la pasión en las competencias y prácticamente todos quieren ser partícipes, bajo el riesgo -como en esta ocasión- de un choque de trenes, donde a diario se quemaba en leña verde a uno u otro integrante de los equipos, sembrando discordia y propiciando rencores, bajo la atónita mirada de muchos espectadores.

En el fondo la lucha no fue solamente por dos proyectos diferentes, pues si bien ya pasamos el proceso interno, donde obtiene la victoria Gustavo Madero y en un acto de humildad lo reconoce su contrincante Ernesto Cordero, quien manda un público mensaje para que sea la nueva dirigencia quien convoque al diálogo, es decir, sentarse en la mesa de los acuerdos, existen razones adicionales que los motivaron a buscar esa posición.

Los Partidos Políticos pasan por serias crisis y Acción Nacional ni es la excepción ni tampoco es el único que la tiene, en su abono cuenta con ideología definida y, en sus momentos ha actualizado la proyección de sus principios. Sus dificultades se enfocan más en las formas de convivencia interna, en los equilibrios y en la relación política externa, aunque se dice fácil son temas de alta complejidad que encierran un sinnúmero de "peros", donde existen divergencias, aunado a que se tiene que enfrentar la contienda del próximo año.

Esa fue una de las principales motivaciones en la reforma de estatutos, con la finalidad de adecuar las reglas de convivencia al interior del partido, reconociendo que por si solas son insuficientes pues es necesario canales permanentes de comunicación, procurando la unidad a través de propósitos comunes.

Ahora el reto consiste en tener la capacidad de ir juntando a todos los involucrados, de poner en orden las cosas, de un reencuentro y reconciliación, como dice el refrán: "en la victoria humildad, en la derrota dignidad y en lo esencial unidad", que la experiencia de la contienda nos otorgue mayor capacidad y conocimiento para afrontar los siguientes desafíos.

¿Se pueden superar las diferencias y arribar fortalecidos hacia el 2015 o, nos quedaremos anclados en las tempestades del 2014?