Rendición de Cuentas

¿Ineludible obligación o simple pretexto para promoción personal?

En las democracias,  una de las premisas que sostienen esa calidad, se remite precisamente a la obligación ineludible del gobierno a rendir cuentas, es decir, explicar o justificar sus acciones, impuesta tanto por el orden normativo como por razones éticas frente al gobernado.

Atender esencialmente al interés colectivo, implica que el gobierno debe responder de sus actos y decisiones, otorgando especial cuidado del manejo de los recursos públicos, con el objeto de prevenir y evitar desvíos, llegado el caso, corregir y sancionar. Este apartado continua siendo simplemente una teoría guardada bajo candado en el baúl de los olvidos.

En nuestro país el hecho de informar cuando menos una vez por año, es una práctica que se lleva a cabo con regularidad, constituye un acto que nos permite tener la visión, eso sí, triunfalista del servidor público. Se trata de toda una ceremonia, se realizan múltiples preparativos: desde el escenario, campañas publicitarias, spots, espectaculares, vídeos, hasta un texto con argumentaciones muy cuidadas. Ya nos acostumbramos, algunos lo hacen en cumplimiento de la ley, otros por voluntad propia, ambos sin duda, procuran promocionarse.

Tiene su lado positivo: dan la cara, ponen su punto de vista desde una perspectiva parcial, enfrentan a los electores y al Congreso y presentan elementos para su valoración. Por otra parte, esos informes carecerían de sentido alguno sin la transparencia, aquí en México como bien lo señala Miguel Carbonell durante muchos años imperaba el reino de la opacidad, digno de un régimen dictatorial, sin echar campanas al vuelo, pues en algunos estados esa tendencia sigue prevaleciendo.

La rendición de cuentas no puede circunscribirse al informe de los gobernantes, que dicho sea de paso, se infringe el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, que establece: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos...... de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esa propaganda incluirá nombres, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.", también  existe una disposición en ley secundaria, que autoriza lo contrario. En fin, lo importante es el acceso real del ciudadano a la información pública.

El pensador inglés, padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, en su obra publicada en 1791, denominada Essay On Political Tactis, establecía que la transparencia de los actos públicos tenía cuatro atributos: primero, contiene a los funcionarios públicos; segundo, fortalece la confianza ciudadana; tercero, da a los electores la facultad de obrar con conocimiento de causa y; cuarto, otorga al gobierno la posibilidad de aprovechar ideas del público.

Lo anterior nos conduce al análisis del terreno que actualmente pisamos: los informes de los servidores públicos son pasarelas políticas, el acceso a la información pública aún se regatea, se utilizan recursos del erario público para promover la imagen personal y, por último, la desconfianza ciudadana sigue en apogeo.

¡Lo que parece, es! (refrán popular).   

¿Impulso a la Vivienda?

¡La Casa de la Demagogia!

Uno de los rubros para cubrir las expectativas del desarrollo consiste en impulsar la construcción de vivienda familiar, que además de facilitar su adquisición a través de apoyos y subsidios oficiales con el objetivo de procurar el patrimonio, también ayuda a fortalecer la economía a través de los desarrolladores.

Así se han creado instituciones dedicadas a satisfacer esas necesidades e inclusive, mucho se ha hablado de constituir la Secretaria de la Vivienda, no obstante contamos con el INFONAVIT, el FOVISSSTE y de reciente creación el FONHAPO, todas estas dedicadas a estimular programas para que las familias mexicanas cuenten con facilidades para adquirir una casa que les sirva de hogar y, a su vez un patrimonio.

En ese aspecto se han sumado esfuerzos entre gobiernos y particulares para ir abatiendo el déficit de vivienda, en tanto que constituye uno de los elementos para la medición de la pobreza, pues muchas personas carecen de la posibilidad siquiera de aspirar a tener una modesta propiedad y se encuentran destinados a vivir de arrimados, con hacinamiento o en el mejor de los casos pagando una renta.

Quienes tienen la oportunidad de encontrarse dentro de la formalidad, en tanto que desempeñan un trabajo donde se obliga a los patrones a inscribirlos y pagar las cuotas de seguridad social, de acuerdo al diseño de las propias instituciones, tienen la opción, cumpliendo requisitos mínimos, de acceder a créditos hipotecarios y, con ello adquirir bajo condiciones acordes a sus posibilidades una propiedad donde instalar su hogar.

En días pasados tuve conocimiento de un caso similar, una persona, empleado de una dependencia gubernamental, con varios años de servicio, decidió hacer un esfuerzo y comprometerse bajo un crédito hipotecario a consolidar un hogar propio comprando una modesta casa, llevando a cabo todos los trámites ante el FOVISSSTE, donde está inscrito, independientemente de echar mano su sus ahorros para completar el enganche.

Grande fue su sorpresa cuando le informaron en esa dependencia que aunque el Gobierno del Estado de San Luis Potosí le hubiese rebajado sus cuotas, estas desde hace muchos meses no habían sido cubiertas al FOVISSSTE, en consecuencia era imposible autorizar ningún crédito, emitiendo incluso la constancia respectiva sobre el particular.

Es obvio evidentemente que no es un asunto aislado, esos actos son prácticas generalizadas, lamentablemente muchos gobiernos estatales han estado utilizando esos recursos económicos que pertenecen a los trabajadores, es decir, los ajenos, aquellos que no son de su propiedad, sino que corresponden a prestaciones de los empleados, como es el fondo de pensiones y las cuotas de seguridad social, para cubrir otros gastos, los destinan a rubros distintos, atropellando los derechos de sus empleados y dejándolos en el desamparo, para después, sin ningún sentimiento de culpa, heredar esos problemas a las siguientes administraciones.

El doble discurso es palpable: todos los gobiernos se ufanan y hacen referencia a buenas administraciones, manejos financieros eficientes, transparentes y progreso sexenal. En realidad continúa la opacidad, el desvío de recursos y la mentira. Esa postura solo surge de hipotecar de los valores en la casa de la demagogia.