¿Primitiva Barbarie o Sociedad en Paz?

"ser o no ser, esa es la cuestión" (William Shakespeare)

Desde el punto de vista teórico, la soberanía, principio recogido por la estructura constitucional, reside precisamente en el pueblo y se ejerce por las tres funciones básicas en que se compone el Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, independientemente que pueden existir otras como la electoral, la militar o la municipal. El valor supremo implica la unidad social, por lo tanto, la actividad de esos poderes públicos les corresponde la misión de atender las necesidades y aspiraciones de la vida humana.

Evidentemente no es una tarea sencilla, pues la complejidad de las sociedades modernas tienen múltiples manifestaciones: de acuerdo a sus propios intereses, anhelos, creencias, formas de pensar, tradiciones, egos, pugnas y defensa de sus derechos y libertades. Estas tendencias son vinculantes e inherentes a la vida en común, son cuestiones bien definidas y registradas por la ciencia y la historia, que ahora se localizan caracterizadas y clasificadas. Más aun, las actuales condiciones dan a la vida social atributos adicionales,  el avance industrial y la asombrosa revolución tecnológica, que nos lleva invariablemente al terreno del conocimiento y la información, hace que la opinión pública tenga un peso importante. Sin embargo, pese a las diferencias, siempre existe un punto de encuentro: "una sociedad en paz".

Tanto Aristóteles como Montesquieu, sostenían que cuando alguna de las funciones del Estado no ejercían su quehacer correctamente, es decir, las encomendadas al Ejecutivo, legislativo o al Judicial, este se volvía en ineficaz, reflejándose esta situación en las injusticias, los excesos y la alteración del orden social. Sin duda, es claro ejemplo de lo que nos ocurre, pues las cosas se han salido de control.

En el ámbito local es evidente que el diseño institucional solo se encuentra en la norma como letra muerta, pues las funciones del Estado y los equilibrios desde hace tiempo dejaron de existir, en contraste, abrieron la puerta a luchas sin cuartel, sin reglas, provocando desajustes en la paz social.

Realizaron una réplica del sistema federal sin contar con las condiciones que sostienen a este, lo cual ha provocado un verdadero desequilibrio que da pauta a los excesos brutales que ahora padecemos.

La recuperación de la armonía social va a depender de la capacidad del Estado en su necesidad de restaurarse, tanto en la vinculación con la comunidad, como en el imperativo de establecer un diseño institucional funcional.

Es impostergable combatir la primitiva barbarie que nos invade, desgraciadamente en algunos casos provocada desde el ámbito oficial. Se requiere establecer con urgencia mecanismos que permitan un orden y respeto social, para ello, se necesita transformar el diseño de gobierno y, principalmente la voluntad de quienes ejercen cargos públicos. 

Dados los acontecimientos que desde hace tiempo se vienen presentando, impactados por la dimensión alcanzada y los desgarradores episodios que nos rodean, cuyos trágicos resultados han traspasado fronteras, muchos nos preguntamos sobre sus causas: ¿si se trata de un modelo cultural indeseable, producto de muchos factores sociales o se deriva de un diseño de gobierno ineficaz?

Desde el punto de vista teórico, la soberanía, principio recogido por la estructura constitucional, reside precisamente en el pueblo y se ejerce por las tres funciones básicas en que se compone el Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, independientemente que pueden existir otras como la electoral, la militar o la municipal. El valor supremo implica la unidad social, por lo tanto, la actividad de esos poderes públicos les corresponde la misión de atender las necesidades y aspiraciones de la vida humana.

Evidentemente no es una tarea sencilla, pues la complejidad de las sociedades modernas tienen múltiples manifestaciones: de acuerdo a sus propios intereses, anhelos, creencias, formas de pensar, tradiciones, egos, pugnas y defensa de sus derechos y libertades. Estas tendencias son vinculantes e inherentes a la vida en común, son cuestiones bien definidas y registradas por la ciencia y la historia, que ahora se localizan caracterizadas y clasificadas. Más aun, las actuales condiciones dan a la vida social atributos adicionales,  el avance industrial y la asombrosa revolución tecnológica, que nos lleva invariablemente al terreno del conocimiento y la información, hace que la opinión pública tenga un peso importante. Sin embargo, pese a las diferencias, siempre existe un punto de encuentro: "una sociedad en paz".

Tanto Aristóteles como Montesquieu, sostenían que cuando alguna de las funciones del Estado no ejercían su quehacer correctamente, es decir, las encomendadas al Ejecutivo, legislativo o al Judicial, este se volvía en ineficaz, reflejándose esta situación en las injusticias, los excesos y la alteración del orden social. Sin duda, es claro ejemplo de lo que nos ocurre, pues las cosas se han salido de control.

En el ámbito local es evidente que el diseño institucional solo se encuentra en la norma como letra muerta, pues las funciones del Estado y los equilibrios desde hace tiempo dejaron de existir, en contraste, abrieron la puerta a luchas sin cuartel, sin reglas, provocando desajustes en la paz social.

Realizaron una réplica del sistema federal sin contar con las condiciones que sostienen a este, lo cual ha provocado un verdadero desequilibrio que da pauta a los excesos brutales que ahora padecemos.

La recuperación de la armonía social va a depender de la capacidad del Estado en su necesidad de restaurarse, tanto en la vinculación con la comunidad, como en el imperativo de establecer un diseño institucional funcional.

Es impostergable combatir la primitiva barbarie que nos invade, desgraciadamente en algunos casos provocada desde el ámbito oficial. Se requiere establecer con urgencia mecanismos que permitan un orden y respeto social, para ello, se necesita transformar el diseño de gobierno y, principalmente la voluntad de quienes ejercen cargos públicos. 

Estado, Política y Violencia

"Las ventajas de una recta organización pública, se han de reflejar en el bienestar de los particulares" (Luis Izaga, filosofo español).

Por obvio que parezca decirlo, nos encontramos como país en una situación de "crisis", pese al dialogo político y reformador al inicio de la actual administración, lo cual supuso abría la puerta del entendimiento, sugería la modernización democrática y encontraba cauces comunes en la construcción del Estado de Derecho, lo cual suponía una nueva época.

Sin embargo en los hechos el contraste es abrumador, pues lejos de acercarnos a los objetivos propuestos a través del quehacer político, actividad que posibilita de manera pacífica realizar profundos cambios, hemos padecido permanentes violaciones a los derechos humanos, presentándose trágicos acontecimientos, que nos hacen palidecer y nos ponen en el mapa mundial como un país en franco deterioro, sin gobierno, lleno de crueldad y, por consiguiente a distancia de un régimen democrático.

Tanto Tzun Tzu como Maquiavelo,  escribieron un libro en diferentes épocas, con el mismo título: "El Arte de la Guerra".  Ambos describen las características necesarias para obtener éxito en situaciones complicadas: dan cuenta de la importancia que implica conocer el terreno donde se va a desarrollar la contienda, así como contar con aliados y conocer al adversario.

El problema está presente con dimensiones inesperadas, las opciones para encontrar caminos de solución, son pocas y determinantes para el futuro de la nación. Primero la voluntad, eje esencial requerido en el retorno al orden, no obstante ello, es insuficiente si únicamente se contempla desde el ámbito de la autoridad. La función del Estado abarca las relaciones de la actividad y de la constitución Jurídica de las sociedades humanas, encaminadas a propiciar su mejor desarrollo, en consecuencia cualquier decisión atañe a todos, en su respectivo ámbito de responsabilidad.

Ni continuar por el sendero de la anarquía ni sucumbir en el terreno del autoritarismo, ese es el reto. El cansancio social esperando respuestas que no llegan se comienza a agotar, la razón y la ética obliga a revelar la verdad sobre la dimensión de los problemas y, en esa medida, edificar una consciencia ciudadana en aras de crear el ineludible y necesario compromiso: gobierno-sociedad, en la suma de un propósito común.

El fenómeno de la violencia conduce al caos y a la destrucción del Estado de Derecho, oprime a la sociedad, restringe las libertades y cercena el desarrollo. Por otra parte, las personas y familias, tienen la legítima aspiración a la seguridad, al orden, a la protección, a la asistencia y al progreso.

En ese renglón es donde el Estado se encuentra obligado a actuar, conforme los principios de subsidiaridad y solidaridad, tomando en cuenta la opinión pública, su capacidad para organizarse y de su ímpetu para luchar en contra de quienes han traicionado los ideales de la nación.

Si bien, la operatividad tiene altos niveles de complejidad, la problemática se encuentra diagnosticada y bien conocida, los aliados tanto en el ámbito de la sociedad organizada como en el sector social y político, existen y están prestos a cerrar filas, solo falta como diría don Rafael Preciado Hernández (filosofo y político mexicano), ajustar nuestra vida pública, al pensamiento democrático de la Constitución.

Desesperación e Impotencia

El clima que se ha desatado en el país, se ve cada día mas enrarecido, las noticias dan cuenta de un desastroso panorama, sin ser malinchista, los hechos hablan por sí mismos, tampoco se trata de tapar el sol con un dedo cuando los acontecimientos son más que evidentes. Las conductas arrojan resultados trágicos, los dramas se vuelven cotidianos y la capacidad para evitarlos es prácticamente nula: gobiernos anodinos, negligentes, corruptos e ineficaces, economía deteriorada e inseguridad en apogeo.

El problema no puede desvincularse a la desmedida corrupción e impunidad que prevalece a lo largo y ancho del país. El asunto no es menor y tampoco es  cuestión de simple negligencia, ignorancia, incapacidad o de casos aislados, se trata de todo un entramado de complicidades, que ha ido escalando hasta arribar a niveles insostenibles, inclusive raya peligrosamente en la frontera de la seguridad nacional.

La evolución y desarrollo del fenómeno causa escozor, pues  ahora se opera desde dos ángulos: comenzando por el tradicional método conocido por todos, la extorsión, mordida, moches, colusión, complicidad y protección. El otro, consiste en trastocar y distorsionar la ley para fabricar culpables, particularmente en contra de aquellos que se resisten a participar, así encontramos delincuentes en la calle, haciendo de las suyas y, muchos inocentes privados de su libertad, padeciendo las injusticias de autoridades venales.

El Poder Judicial ha sucumbido -lo digo con lamento-, a estas detestables prácticas. Desgraciadamente muchos ejemplos existen, más evidente en el ámbito local, de  jueces que se prestan a este tipo de maniobras, para después verse favorecidos con promociones como magistrados, circunstancia que los anima a quedar bien con el ejecutivo y, a alejarse de la encomienda de impartir correctamente la justicia.

Dos cuestiones ha engendrado en los últimos años este flagelo: la primera salta a la vista con toda su crudeza, pues valiéndose de la impunidad, es evidente que muchas autoridades sin dimensionar sus actos, han caído en el más brutal de los excesos, les da lo mismo tomar recursos de las arcas públicas, que ordenar ejecuciones en contra de sus enemigos. Tienen que ocurrir casos patéticos como los de Tlatlaya e Iguala para voltear la mirada y observar con desesperación e impotencia la inescrupulosa ley de la selva.

A eso se debe que la ciudadanía ya no cree, no confía y no participa. Tiene un profundo sentimiento de frustración y abandono, a la par de ser rehén de delincuentes disfrazados de autoridad, la sociedad va guardando rencores.

La conciencia colectiva está en  espera de acciones más que de discursos que chocan con la realidad, se encuentra ansiosa de que se imponga orden y respeto, de autoridades justas, de gobiernos amistosos, de desterrar la sensación de que no ocurre nada y ávida por encontrar el camino de la legalidad, de la certidumbre, de la honestidad y de la dignidad.

El México que tenemos, no es el México que queremos.  

El De Atrás Paga

Deudas Públicas Sin Control


Uno de los compromisos del Pacto por México, concretamente el número 68, se refiere a atender mediante controles legales, los excesos en las deudas de los Estados y Municipios, a efecto de impedir el quebranto en esos órdenes de gobierno.

La gota que derramo el vaso proviene del caso Coahuila, donde los niveles de deuda pública rebasaron con mucho la capacidad de pago del estado, hipotecando las finanzas públicas durante muchos años.

La motivación derivada de esa escanda, concluyo en la conveniencia de poner orden, juzgando apropiado incluir el tema como una prioridad nacional. Se hizo el compromiso de construir una legislación nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública, cuyo enfoque estaría en los controles para que estados y municipios puedan contratar deuda, procurando evitar la discrecionalidad y los abusos.

Los tiempos previstos en el pacto ya se agotaron, se había considerado concretar la reforma en el segundo semestre del 2013, sin embargo, existieron diferencias entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, esta última sostiene que el tema le otorga ser Cámara de origen. Ahora cada una tiene una minuta de reforma constitucional, ambas similares, aunque también ambas en la congeladora.

Mientras ello ocurre, los estados y municipios se han dado vuelo solicitando créditos. Las maltrechas finanzas en esos órdenes de gobierno no han sido obstáculo para continuar endeudando a las administraciones, bajo el socorrido argumento de evitar catástrofes mayores, dejando el cumplimiento de los compromisos contraídos a los siguientes gobiernos, el que viene paga.

El riesgo sigue latente, en poco tiempo se agotara el margen de maniobra de estados y municipios, quienes financieramente tendrán escaso recurso y las manos atadas, para atender las necesidades de desarrollo de sus regiones, previendo un severo impacto en la calidad de vida de sus habitantes, al tener que enfrentar el pago de los compromisos crediticios contraídos por anteriores administraciones.

Se observa con inquietud el desmedido incremento de la deuda publica en Estados y Municipios, manejado con total opacidad en cuanto al destino y manejo de los recursos, con dudosa capacidad de pago y, enviando las futuras necesidades de sus regiones a sufrir prácticamente el irremediable estancamiento y abandono.

Cada entidad se ampara en su propia soberanía, tiene sus reglas y las aplica, lo lamentable consiste precisamente que esa facultad la utiliza a contentillo y a conveniencia de la autoridad en turno para pedir prestado. En contrapartida, la dependencia con el gobierno federal en cuanto a sus ingresos públicos es considerable, en promedio arriba del noventa por ciento, en consecuencia la deuda que se adquiere es su nacional y, por lo tanto, las finanzas públicas estatales y municipales son una preocupación nacional.

El contar con un equilibrio presupuestario y propiciar condiciones para el crecimiento económico y el empleo en cada estado y municipio del país, son cuestiones fundamentales para un manejo sostenible de las finanzas públicas, en consecuencia, los créditos de estados y municipios para un manejo prudente de los mismos, obliga a poner límites y modalidades, a su transparencia y fiscalización, también a su adecuada implementación  y a deslindar responsabilidades.