Consejeros blindados

No cabe duda alguna que la reforma política, en particular, lo concerniente a la parte electoral, se debe en amplia medida a un buen número de gobernadores, pues fue su actitud injerencista y torcida en los comicios, lo que motivo la reacción de la oposición explorando fórmulas para atarles las manos y, así surgió el nuevo INE y sus facultades.

Es una transformación centralista que merma el federalismo al restarle facultades a los Estados, circunstancia comprensible por los excesos de sus gobiernos cuyas conductas atentaban contra las más elementales prácticas democráticas.

Uno de los  principales objetivos consiste en tener autoridades electorales imparciales y blindadas contra cualquier tentativa para socavarlas. Es así que nacen las nuevas disposiciones constitucionales y se aprueban las leyes generales en materia de procesos electorales y partidos políticos, de aplicación en toda la República.

Se han pisado callos con las nuevas disposiciones y por lo mismo se preveían resistencias, sin embargo, las normas que rigen el nuevo modelo electoral deben ser atendidas y observadas, cumpliéndose a cabalidad y respetando sus términos y alcances.

El siguiente paso consiste en la designación por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cada entidad federativa, de un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, para integrar a los nuevos Órganos Públicos Locales Electorales, mejor conocidos ahora como los "oples". Este inminente hecho cae como balde de agua fría para muchos que se opusieron a la reforma e inclusive cabildearon con vehemencia en contra al sentir amenazados sus intereses, seguramente algunos de ellos los encontraremos formando fila y presentando exámenes como aspirantes a ocupar un asiento en los nuevos órganos.

Tanto la Constitución como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la forma para elegir y designar a las autoridades locales, mediante convocatoria pública y a través de votación calificada de cuando menos ocho de los once consejeros que integran el INE.

Además los requisitos exigidos para determinar el perfil de idoneidad como la residencia, el contar con título profesional a nivel licenciatura, no haber sido candidato los cuatro años anteriores, ni pertenecer a la burocracia gubernamental, implican en la práctica estar alejados de la clase política y los espacios de poder que esta representa, además quienes lleguen a ocupar esos cargos, cuya duración es de siete años, no podrán ejercer otro empleo, ni tampoco incorporarse a ninguna administración si participaron en su elección.

Si bien, no hay total garantía de que las cosas salgan correctamente, lo cierto es que las condiciones impuestas en el nuevo sistema electoral y la manera para designar a las autoridades encargadas de aplicarlo, cuando menos se cuenta con la presunción de un mayor blindaje, esperando que a medida que transcurra el tiempo, cambiemos la presunción por certidumbre.

La familia vista desde el PAN

Hace unos días en el Senado de la República se constituyó la "Comisión de Familia y Desarrollo Humano", en el acto de instalación su presidente el panista José María Martínez, realizó algunas expresiones interpretadas como homofóbicas, dando pie a una serie de descalificaciones que ubican al Partido Acción Nacional como una institución radical, extremista, conservadora y discriminatoria, nada más alejado de la realidad y de nuestra doctrina.

Paradójicamente esta polémica nos permite establecer nuestro punto de vista sobre el tema, pues nos consideramos un Partido que lucha desde el humanismo político, por las libertades y por ende la permanente transformación para adecuar la actividad del estado en el mejoramiento de las condiciones sociales, respetando los derechos humanos y propiciando el desarrollo integral de las personas.

Desde su fundación en 1939, se adoptó la premisa de respetar la dignidad de las personas, inclusive después de grandes debates, hace apenas un par de años se concretó finalmente la reforma constitucional en materia de derechos humanos a efecto de reconocer en el pacto fundamental, como se concibió desde el nacimiento del PAN, la preexistencia de muchos derechos inherentes a las personas por el solo hecho de serlas y no porque los otorgue el Estado, bajo los principios de no discriminación y de igualdad.

Reconocemos y respetamos la existencia de diferentes formas de convivencia social que forman núcleos familiares, entraríamos al terreno de lo absurdo si pretendiéramos negar esa realidad, como ocurrió entre el Estado y la Iglesia durante muchos años. Ahora se presentan en la sociedad familias tradicionales heterosexuales, también madres o padres solteros y otras compuestas por personas del mismo sexo, y estén o no unidos por el matrimonio forman una familia, son parte de la sociedad y así lo aceptamos, sería un despropósito ignorar ese hecho.

Sobre ese enfoque no hay duda ni discusión, el problema estriba en otras cuestiones, pues el rompimiento del tejido social entre otras causas, es precisamente la desintegración familiar, ya sea por la violencia interna o por el extravío de los valores, cuando debe ser el espacio primario de la responsabilidad social, pues constituye el cauce principal de la solidaridad entre generaciones y por lo tanto, una finalidad y misión propia que cumplir en el ámbito familiar, que consiste en orientar y educar a sus miembros.

En ese tenor, Acción Nacional tiene muy claro el concepto sobre la familia, a partir del respeto a la dignidad de las personas, sus derechos y libertades, sin prejuicios ni discriminaciones y, también entiende la necesidad de fortalecer la institución familiar, su integración y el cumplimiento de sus propósitos.

Por ello, celebro la creación de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, esperando cumpla con responsabilidad su objetivo, sin caer en descalificaciones, maniqueísmo y con la firme esperanza de que actúe con reflexiones y debates de altura.