Consulta Popular

¡El que pregunta, no se equivoca!

(Refrán popular)

Tuvieron que transcurrir años de deliberaciones para incluir en la Constitución como derecho del ciudadano la prerrogativa a ser tomado en cuenta, bajo la figura denominada: "Consulta Popular", que si bien esta insertada con modalidades diversas en algunas constituciones locales que la incluyeron desde hace tiempo, la realidad es que simplemente la pusieron con el afán de colgarse la medalla como avanzados demócratas, sin ninguna intención de aplicarla, por el contrario, le pusieron tantas trabas que resulta casi imposible llevarlo a la práctica en lo local y por lo mismo nunca se ha utilizado.

En materia federal no solamente tiene viabilidad, sino además es importante su aplicación en el marco del desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. Este mecanismo va a transformar la manera de hacer política en el país y, el anuncio de la izquierda y del Partido Acción Nacional, para presentar diversas propuestas a efecto de someterlas a la Consulta Popular en las próximas elecciones del 2015, van a obligar no únicamente a promover a sus candidatos, sino también en campañas de contenidos.

Aún quedan dudas por aclarar en relación a los alcances de la consulta, pues el Artículo 35 de la Carta Magna deja abiertas inquietudes que en su oportunidad deberá definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en  impactar a la propia Constitución o, si el imperativo del 135 lo impide, y continua vigente el procedimiento único para las reformas y adiciones al pacto fundamental a través del constituyente permanente.

Los requisitos establecidos para estar en posibilidad de concretar la consulta, en principio se constriñe a temas de "trascendencia nacional", cuestión que en su momento deberá calificarse como tal. La convocatoria le corresponde al Congreso de la Unión, es decir a ambas Cámaras, ya sea a petición del Presidente de la Republica, de una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o de ciudadanos que representen el 2 por ciento de la lista nominal de electores. En estos momentos ningún partido de oposición por si solo cuenta con un número de legisladores en sus bancadas que le permitan solicitar la consulta, razón por la cual obligadamente se darán a la tarea de recabar firmas suficientes a fin de formalizar la petición.

Lo interesante del ejercicio estriba en la fracción VII, inciso segundo del Artículo 35 constitucional, que determina lo siguiente: "Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.", es decir, obligatorio.

En esos términos, la fuerza del ciudadano se encuentra en posibilidad real y contundente de hacerse sentir, al obligar a los poderes a hacer o dejar de hacer determinadas cosas, según del asunto de que se trate. Este hecho, por sí solo, da pie a una mayor participación, pues si bien, existen escépticos que no creen en los partidos políticos, ni en sus candidatos y menos en las campañas, ahora están en posibilidad de acudir a las urnas con una motivación diferente: hacer sentir su pensamiento, su manera de ver las cuestiones públicas  y emitir su opinión directamente con efectos legales.

A su vez,  los servidores públicos están obligados a obedecer, de conformidad a los resultados que arroje la consulta. Ahora podremos decir que el servidor que pregunta, no se equivoca.

El orden social vs corrupción

"No valen las cosas porque las deseamos o apetecemos, sino que las deseamos y tendemos a ellas, porque valen" 

(Ortega y Gasset).

Una de las premisas esenciales para vivir en armonía y  tener un orden como sociedad, consiste en contar con leyes justas, que reconozcan el orden natural considerando las relaciones humanas y la conducta de las personas, como bien lo decía don Manuel Herrera y Lasso (constitucionalista mexicano), las disciplinadas libertades, refiriéndose a las limitaciones que tenemos con el fin de no entorpecer las que corresponden a terceros. Tarea que ha sido permanente de generación en generación, cuya responsabilidad recae tanto en el poder legislativo en lo relativo a su formación, como en la parte ejecutiva en su aplicación.

Sobre la filosofía del imperio del derecho, desde la perspectiva de la justicia y el valor del "deber ser", existen numerosos tratados que abonan con puntos de vista diversos y profundos, sobre la necesidad de luchar por alcanzar un orden a partir de la norma jurídica y hacer prevalecer el Estado de Derecho.

Una de las barreras que han sido foco de atención y estudio, que impiden conseguir el objetivo trazado, la constituye el creciente fenómeno de la corrupción y por supuesto la impunidad, de manera particular la que se presenta en el servicio público, pues lejos de cooperar con la armonía y por lo tanto en el orden, provocan la desigualdad, el recelo y de forma paulatina, van ocasionando la desintegración social.

En ese orden de ideas, no se puede ignorar que tanto la corrupción como la impunidad son cuestiones que se encuentran sumamente arraigadas dentro de la cultura mexicana, presentes en todos los órdenes y niveles de gobierno, por lo tanto, constituye un enorme reto a superar.

En esa virtud, es necesario establecer una instancia dedicada a combatir con mayor eficacia la lacra de la corrupción pública, por ello y, atendiendo a dar una respuesta a este problema, existe el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, de crear un "Órgano Anticorrupción", bajo ese entendido se desmantelo la Secretaria de la Función Publica, ente dedicado a la fiscalización interna, pero que no dio el ancho requerido y, por lo tanto resulta imprescindible un cambio total.

El hecho, después de más de 18 meses de gobierno y de varias iniciativas presentadas, es que no se aprecian consistentes avances en materia legislativa para combatir la corrupción, por el contrario, se ha dejado correr el tiempo y con ello crecer el problema, ahora ni fiscalización ni controles, simplemente valores entendidos: complicidades institucionales, funcionarios coludidos y escándalos mediáticos. De continuar por la senda actual, el camino del cinismo se apoderara de las costumbres sociales, por ello, es urgente la implementación de reglas y esquemas donde prevalezca la transparencia, la honestidad y la responsabilidad en la cuestión publica, que la moral y la ética constituyan los principios rectores en el servicio a la sociedad.

Ni más, pero tampoco menos.