El orden social vs corrupción

"No valen las cosas porque las deseamos o apetecemos, sino que las deseamos y tendemos a ellas, porque valen" 

(Ortega y Gasset).

Una de las premisas esenciales para vivir en armonía y  tener un orden como sociedad, consiste en contar con leyes justas, que reconozcan el orden natural considerando las relaciones humanas y la conducta de las personas, como bien lo decía don Manuel Herrera y Lasso (constitucionalista mexicano), las disciplinadas libertades, refiriéndose a las limitaciones que tenemos con el fin de no entorpecer las que corresponden a terceros. Tarea que ha sido permanente de generación en generación, cuya responsabilidad recae tanto en el poder legislativo en lo relativo a su formación, como en la parte ejecutiva en su aplicación.

Sobre la filosofía del imperio del derecho, desde la perspectiva de la justicia y el valor del "deber ser", existen numerosos tratados que abonan con puntos de vista diversos y profundos, sobre la necesidad de luchar por alcanzar un orden a partir de la norma jurídica y hacer prevalecer el Estado de Derecho.

Una de las barreras que han sido foco de atención y estudio, que impiden conseguir el objetivo trazado, la constituye el creciente fenómeno de la corrupción y por supuesto la impunidad, de manera particular la que se presenta en el servicio público, pues lejos de cooperar con la armonía y por lo tanto en el orden, provocan la desigualdad, el recelo y de forma paulatina, van ocasionando la desintegración social.

En ese orden de ideas, no se puede ignorar que tanto la corrupción como la impunidad son cuestiones que se encuentran sumamente arraigadas dentro de la cultura mexicana, presentes en todos los órdenes y niveles de gobierno, por lo tanto, constituye un enorme reto a superar.

En esa virtud, es necesario establecer una instancia dedicada a combatir con mayor eficacia la lacra de la corrupción pública, por ello y, atendiendo a dar una respuesta a este problema, existe el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, de crear un "Órgano Anticorrupción", bajo ese entendido se desmantelo la Secretaria de la Función Publica, ente dedicado a la fiscalización interna, pero que no dio el ancho requerido y, por lo tanto resulta imprescindible un cambio total.

El hecho, después de más de 18 meses de gobierno y de varias iniciativas presentadas, es que no se aprecian consistentes avances en materia legislativa para combatir la corrupción, por el contrario, se ha dejado correr el tiempo y con ello crecer el problema, ahora ni fiscalización ni controles, simplemente valores entendidos: complicidades institucionales, funcionarios coludidos y escándalos mediáticos. De continuar por la senda actual, el camino del cinismo se apoderara de las costumbres sociales, por ello, es urgente la implementación de reglas y esquemas donde prevalezca la transparencia, la honestidad y la responsabilidad en la cuestión publica, que la moral y la ética constituyan los principios rectores en el servicio a la sociedad.

Ni más, pero tampoco menos.