El clima que se ha desatado
en el país, se ve cada día mas enrarecido, las noticias dan cuenta de un
desastroso panorama, sin ser malinchista, los hechos hablan por sí mismos,
tampoco se trata de tapar el sol con un dedo cuando los acontecimientos son más
que evidentes. Las conductas arrojan resultados trágicos, los dramas se vuelven
cotidianos y la capacidad para evitarlos es prácticamente nula: gobiernos
anodinos, negligentes, corruptos e ineficaces, economía deteriorada e
inseguridad en apogeo.
El problema no puede
desvincularse a la desmedida corrupción e impunidad que prevalece a lo largo y
ancho del país. El asunto no es menor y tampoco es cuestión de simple negligencia, ignorancia,
incapacidad o de casos aislados, se trata de todo un entramado de
complicidades, que ha ido escalando hasta arribar a niveles insostenibles,
inclusive raya peligrosamente en la frontera de la seguridad nacional.
La evolución y desarrollo
del fenómeno causa escozor, pues ahora
se opera desde dos ángulos: comenzando por el tradicional método conocido por
todos, la extorsión, mordida, moches, colusión, complicidad y protección. El
otro, consiste en trastocar y distorsionar la ley para fabricar culpables,
particularmente en contra de aquellos que se resisten a participar, así
encontramos delincuentes en la calle, haciendo de las suyas y, muchos inocentes
privados de su libertad, padeciendo las injusticias de autoridades venales.
El Poder Judicial ha
sucumbido -lo digo con lamento-, a estas detestables prácticas. Desgraciadamente
muchos ejemplos existen, más evidente en el ámbito local, de jueces que se prestan a este tipo de
maniobras, para después verse favorecidos con promociones como magistrados,
circunstancia que los anima a quedar bien con el ejecutivo y, a alejarse de la
encomienda de impartir correctamente la justicia.
Dos cuestiones ha engendrado
en los últimos años este flagelo: la primera salta a la vista con toda su
crudeza, pues valiéndose de la impunidad, es evidente que muchas autoridades
sin dimensionar sus actos, han caído en el más brutal de los excesos, les da lo
mismo tomar recursos de las arcas públicas, que ordenar ejecuciones en contra
de sus enemigos. Tienen que ocurrir casos patéticos como los de Tlatlaya e
Iguala para voltear la mirada y observar con desesperación e impotencia la
inescrupulosa ley de la selva.
A eso se debe que la
ciudadanía ya no cree, no confía y no participa. Tiene un profundo sentimiento
de frustración y abandono, a la par de ser rehén de delincuentes disfrazados de
autoridad, la sociedad va guardando rencores.
La conciencia colectiva está
en espera de acciones más que de
discursos que chocan con la realidad, se encuentra ansiosa de que se imponga
orden y respeto, de autoridades justas, de gobiernos amistosos, de desterrar la
sensación de que no ocurre nada y ávida por encontrar el camino de la
legalidad, de la certidumbre, de la honestidad y de la dignidad.
El México que tenemos, no es
el México que queremos.
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